Serán 32 personas pertenecientes a las cárceles Puerto I, Puerto II y Botafuegos 

Antonio Pozo/el puerto 
Ayer se celebró la constitución de la comisión provincial en materia de servicios sociales para personas con discapacidad internadas en establecimientos penitenciarios de Andalucía. Esta comisión responde a un acuerdo sectorial entre el Ministerio del Interior y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social para la atención de las personas privadas de libertad en cárceles cuya situación devenga de una enfermedad mental o una discapacidad intelectual. 
El convenio, que cuenta con un presupuesto para este año de 325.000 euros, favorecerá a 32 personas de las prisiones Puerto I, Puerto II y Botafuegos, en Algeciras, que serán trasladadas a la nueva prisión de Puerto III, donde serán atendidas en un módulo especialmente preparado para personas con algún tipo de discapacidad. 
Este módulo contará con personal funcionario específico, que recibirá una formación especializada, y celdas adaptadas a cada tipo de problema. Según fuentes consultadas por este periódico, las celdas ofrecerán diferentes servicios dependiendo del tipo de discapacidad que registre el recluso. Si, por ejemplo, tiene tendencia a la autolesión, se le instalará en una celda acolchada para evitar daños físicos. 
Las actuaciones incluyen el estudio, por parte de los equipos de valoración y orientación, de cada persona con previsible discapacidad que proponga cada centro penitenciario, además del análisis, junto con la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Faisem), de la situación actual de los programas de atención a necesidades de salud mental de la población reclusa. Se examinarán las acciones necesarias en el seno de las penitenciarías para que las personas con discapacidad estén debidamente atendidas y se dispondrá de plazas en centros de día y en residencias que posibiliten las salidas terapéuticas, o bien la adopción alternativas a la pena privativa de libertad. 
La comunidad autónoma andaluza es pionera en este tipo de programas. En este sentido, Aurelia Calzada, directora general de personas con discapacidad, aseguró que “el 4% de la población reclusa presenta enfermedades mentales y el 2% alguna discapacidad mental, por lo que es necesario intervenir a estas personas, que son más vulnerables que el resto de población reclusa en las prisiones andaluzas”. 

Artículo extraído de El Puerto Información digital,  viernes 13-07-07 (http://www.publicacionesdelsur.net)